Varias organizaciones denuncian que
Prisiones incumple las medidas reclamadas por la OMS.
Asociaciones de derechos humanos y
grupos de juristas critican el "escaso uso" realizado hasta ahora de
los mecanismos de excarcelación previstos en España, tal como reclama también
el Consejo de Europa.
Instituciones Penitenciarias dice que ha tomado "todas las medidas" a su alcance para evitar contagios.
Instituciones Penitenciarias dice que ha tomado "todas las medidas" a su alcance para evitar contagios.
DANILO ALBIN
@danialri
Tiempos de incertidumbre. Dudas sobre lo
que ocurrirá no el mes que viene, sino la próxima semana. En medio de una
situación extraña, en las cárceles también aguardan noticias sobre cómo y
cúando acabará todo esto. Son momentos complicados detrás de los barrotes,
entre los confinados más confinados. Decenas de organizaciones
sociales y de derechos humanos han vuelto a pedir que se tomen medidas
urgentes.
Según datos oficiales, a día de hoy
existen 154 funcionarios y 18 internos contagiados. El pasado 24 de marzo se
notificó el fallecimiento de una presa de la cárcel de Estremera por
coronavirus. Tenía 78 años y se convertía así en la primera interna que moría a
causa de esta pandemia.
En una nota difundida en la mañana del 7 de abril,
organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias (SGIP) "aún no esté actuando dentro de las
prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Consejo de Europa".
La primera muerte en las cárceles
reaviva el temor por el coronavirus en prisión.
"Si bien estos organismos
internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población
penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las
personas presa, la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte
de la SGIP como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el
aislamiento en celda, son de carácter restrictivo", denunciaron los
colectivos, entre los que se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (APDHA), Red Jurídica, el centro Iridia o el colectivo Salhaketa.
En este sentido, critican el
"escaso uso" realizado hasta ahora de los mecanismos de excarcelación
previstos en el Reglamento Penitenciario, lo que hubiese posibilitado que
muchos presos cumpliesen el resto de condena fuera de prisión. Se trata,
precisamente, de una de las principales recomendaciones formuladas por la OMS
en el ámbito penitenciario.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias
señalaron a Público que "se han tomado todas las medidas posibles para
evitar contagios tanto entre trabajados como entre internos". "A
medida que las Juntas de Tratamiento han ido colocando dispositivos telemáticos
para el cumplimiento del tercer grado desde casa, se ha hecho", apuntaron.
"Nos adelantamos incluso al estado de emergencia, tomando todas las
medidas a nuestro alcance", afirman.
Un móvil cada 246 presos.
Del mismo modo, las organizaciones
firmantes denuncian que "apenas se han habilitado canales alternativos de
comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias". Así,
critican que "la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido
repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas".
"En estos momentos hay 50.300
personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la
Administración estatal lo que da una medida de un móvil cada 246 personas. Es
lamentable", subrayan.
En esa línea, sostienen que resulta
necesario "adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad". "Es esencial reforzar las
plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar
los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación
penitenciaria", afirman los colectivos.
Del mismo modo, lamentan que las
recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en torno a la situación en
las cárceles "son muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud
pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo
de Europa".
"Más vulnerables".
En vísperas de que se conocieran estas
reivindicaciones, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja
Mijatovic, instó a los Estados miembros a "proteger los derechos y la
salud de todos los presos durante la pandemia de la Covid-19".
En un comunicado publicado en la página web del Comisariado, Mijatovic subraya que "los presos condenados y las
personas en prisión preventiva se encuentran entre los más vulnerables al
contagio viral, ya que se encuentran en un entorno de alto riesgo".
Subraya precisamente que "en
general, los centros de detención no están adaptados para enfrentar epidemias a
gran escala y las medidas de protección básicas como el distanciamiento social
y las reglas de higiene no pueden observarse tan fácilmente como en el
exterior, exponiendo a los presos a mayores riesgos para la salud".
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