Urge la excarcelación, entre otras, de personas mayores de 70 años,
enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.
Se solicita, además, la adopción de medidas encaminadas a retomar la
actividad dentro de las prisiones.
23 de abril de 2020.
Aprovechando la comparecencia del
Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, numerosas entidades sociales han
hecho llegar a los Diputados y Diputadas un escrito con las medidas que urge
adoptar por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para
hacer frente al Covid- 19 en las cárceles y garantizar el respeto a la dignidad
y los derechos de las personas presas.
Esta petición, en parte, viene a reiterar la que ya realizaran el
pasado día 23 de marzo a los distintos grupos políticos que componen la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, a través de la cual ponían
en su conocimiento la situación en la que se encuentran las personas privadas
de libertad durante la pandemia provocada por el Covid-19 y solicitaban la
adopción de medidas respetuosas con los derechos de las personas presas.
Según indican las entidades, y a pesar de que entre personas presas y
personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o
cuarentena y 238 positivos en Covid-19, “ni el Ministerio del Interior ni la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la
situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y
allegadas” ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos
por los organismos internacionales. Todo ello a pesar de que incluso el
Defensor del Pueblo Español haya declarado que las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura
del Consejo de Europa para abordar el problema del Covid-19 en el medio
penitenciario son “plenamente” compartidas por esa institución.
En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora por la Secretaría General
se denuncia por parte de las entidades que “no se ha facilitado el acceso a los
test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se
ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y
asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de
personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las
personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para
evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de
las personas recluidas.” El protocolo aprobado en el día de ayer con MUFACE de
hacer pruebas, muy tardío, solo servirá para el personal funcionario, no para
las personas presas. Tampoco la adquisición de 200 terminales de móviles para
50.500 personas presas en el Estado, sin contar Cataluña, sirven para el fin
perseguido. El mismo número fue adquirido en Cataluña para las 8.500 personas
privadas de libertad en sus cárceles.
Por último, y tras más de un mes de aislamiento, las entidades sociales
evidencian la necesidad de revocar la situación creada en las cárceles desde el
12 de marzo y exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las
comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando
las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias
y personas allegadas a las cárceles”. Igualmente exigen se “retome la actividad
dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento
de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades
terapéuticas o pisos de acogida… por ser estas actividades las que dotan de
fundamento a la pena privativa de libertad, según lo dispuesto en el artículo
25 de la Constitución”.
Así mismo se recuerda que el Estado Español se encuentra entre los
países con una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental y
con una de las medias de privación de libertad más elevadas de todo el
continente europeo y donde el número de profesionales de la sanidad es muy
inferior al necesario para dar una correcta atención médica dentro de las
cárceles tal y como han reconocido tanto la propia Secretaría General como el
Ministerio del Interior.
Organizaciones firmantes:
- Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
- Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
- Centre Irídia,
- Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
- Comision Legal Sol,
- Etxerat,
- Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
- Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
- Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
- Oteando,
- Red Jurídica,
- Salhaketa Araba,
- Salhaketa Bizkaia,
- Salhaketa Nafarroa,
- Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.
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