“Expocárcel Gasteiz 2012” tuvo lugar en el Seminario de Vitoria-Gasteiz del 30 de enero al 12 de febrero de 2012 y fue visitada por más de 1500 personas, de las cuales cerca de 1.000 han sido jóvenes escolares. Este gran número de visitas y la proyección mediática de la expo han posibilitado visibilizar la realidad de nuestro sistema penal y penitenciario, suscitar un debate constructivo en torno a su funcionamiento, y proponer alternativas que respondan a una sincera voluntad resocializadora. Durante este espacio de encuentro y debate se ha podido constatar cómo la prisión demuestra día a día que no está cumpliendo una función reeducadora y de reinserción social, así como que nos estamos alejando de un modelo que apueste por las posibilidades de las personas y su reincorporación plena a la sociedad.
Destacamos también el desinterés mostrado por las instituciones y su nula aportación al desarrollo o patrocinio de “Expocárcel Gasteiz 2012” aludiendo a ciertas prioridades de un menor carácter social. Este inexistente apoyo es comprensible dado que las políticas imperantes en el Estado están más encaminadas a ocultar la realidad penitenciaria y sus grandes carencias que a trabajar por la visibilización de la misma.
“Expocárcel Gasteiz 2012”, como espacio de reflexión y diálogo, ha permitido reunir a diferentes colectivos, asociaciones, profesionales y voluntarios, que al trabajar diariamente con esta realidad, constituyen una voz más que merecida de ser tenida en cuenta por las instituciones, en particular, y por la sociedad, en general. En este sentido, el presente manifiesto pretende dejar constancia de una serie de conclusiones que
valoramos como herramientas fundamentales para promover la transformación que el actual sistema penal y penitenciario requiere, y que se detallan a continuación:
- Se exige a las Instituciones que prioricen los mecanismos de prevención como la herramienta más útil para evitar el delito y sus consecuencias, para lo cual se hace imprescindible reforzar las políticas educativas, sanitarias, de infancia y familia, de juventud, de integración, de cultura,… y cuantas sean necesarias. En este ámbito se considera fundamental no escatimar en recursos, puesto que de la implementación satisfactoria de estas políticas depende en gran medida el éxito en la consecución de una sociedad en la que el sistema penal y penitenciario se revele cada vez menos necesario.
- Se denuncia que en el contexto actual de “crisis” son las políticas sociales las primeras perjudicadas. En el ámbito penal y penitenciario estos recortes tienen un gravísimo coste social: la supresión de programas educativos, de prevención, el recorte de ayudas y subvenciones a asociaciones y colectivos,… no hacen sino constituir un caldo de cultivo para conflictos sociales que, lamentablemente, cada vez en más ocasiones pretenden resolverse mediante medidas privativas de libertad.
- Se denuncia que contamos con uno de los sistemas penales más punitivos de Europa, a pesar de que la tasa de delitos del Estado es de las más reducidas. Se cuestiona la progresiva asimilación del conflicto social con el delito. Por ello, se demanda la despenalización y descriminalización de conductas y se exige a las instituciones que resuelvan estos conflictos con medidas de tipo preventivo o alternativas a la privación de libertad. Se exige a los legisladores y jueces que aboguen por la prevención, la mediación, las medidas alternativas y la justicia restaurativa en lugar de desarrollar leyes y sentencias punitivas. En este sentido, existe la Decisión Marco (2001/220/JAI) del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, que insta a los Estados miembros a impulsar la mediación en las causas penales que a su juicio se presten a este tipo de medidas. Y para ello, tales Estados miembros deberán dictar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que sean necesarias, no más tarde del día 22 de marzo de 2006.
- Se denuncia la impunidad de la que parece gozan una pequeña parte de la población, bien sea por su estatus social, poder político o económico, que hace que se encuentren exentos de responsabilidades sobre sus actos, o incluso eviten el cumplimiento de las penas que les son impuestas.
- Se solicita el traspaso al Gobierno Vasco de todas las competencias en materia penitenciaria.
- Se demanda a las instituciones, a los agentes sociales y a la Comunidad en general una mayor implicación con la población penitenciaria, como parte que es de nuestra sociedad. En este aspecto, se reivindica:
- Mayor apoyo social a la labor de asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito penitenciario.
- Fomentar el voluntariado para construir un tejido social que acerque la realidad de la cárcel a la sociedad y viceversa.
- Normalizar la realidad de la cárcel ante la población en general, y acabar con el aislamiento y el ostracismo social al que está condenada la población reclusa.
- Abandonar la imagen que tenemos de la cárcel como “vertedero social”, desmitificar la prisión y trabajar a favor de la supresión de los prejuicios que aún hoy imperan sobre la cárcel. Exigir a los medios de comunicación y a la clase política que no hagan uso interesado de la realidad penitenciaria, y que favorezcan un mensaje conciliador en torno a la misma.
- La Constitución Española en su artículo 25.2 recoge que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En este sentido, y ante el escaso poder resocializador de la prisión, se reivindica:
- Reducir los tiempos de espera entre la detención y el juicio y tener en cuenta las circunstancias de la persona infractora en el momento del juicio (valorar la reinserción para no aplicar penas privativas).
- Generalizar y priorizar otras formas de cumplimiento alternativas a la prisión.
- Facilitar el acceso de las personas privadas de libertad a los permisos penitenciarios necesarios para reducir al máximo la estancia en prisión.
- Favorecer la existencia de recursos de acogida para atender a las personas que salen de la prisión, sobre todo a los colectivos más vulnerables: personas afectadas por patologías mentales o físicas, personas con condenas muy largas, personas extranjeras, personas jóvenes.
- Favorecer políticas que promuevan la creación de recursos que faciliten el acceso al mercado laboral como herramienta fundamental para la reinserción.
- Poner en valor la labor de asociaciones y colectivos que trabajan con población reclusa y ex-reclusa, como referentes para la construcción de un modelo alternativo a la prisión. Exigir a las instituciones que apoyen a estos colectivos con los recursos necesarios de tal modo que permita que desarrollen su labor de forma efectiva.
- Se exigen cambios en el actual modelo de prisión, para convertirlas en espacios más humanos:
- Priorizar siempre el cumplimiento con medidas alternativas en lugar de la privación de libertad.
- Demandar un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, el actual modelo de prisión no satisface dicha demanda.
- Detener la construcción de macro-cárceles como espacios deshumanizadores y alienantes.
- Denunciar el coste desorbitado e innecesario de los centros penitenciarios. Abogar por espacios más pequeños, que favorezcan la convivencia y la resocialización. Invertir de forma creciente y preferente en prevención, educación, mediación…
- Humanizar la convivencia en el nuevo centro penitenciario “Araba/Álava”: facilitar el contacto entre personas, evitar el aislamiento por módulos, habilitar zonas de encuentro, normalizar las relaciones entre el personal del centro y los internos.
- Incrementar de forma significativa el número y calidad de actividades formativas y complementarias.
- Contar con equipos humanos de profesionales (psicólogos, médicos, educadores, trabajadores sociales…) que en número, formación e implicación sea el adecuado para una atención satisfactoria a las personas privadas de libertad.
- Asegurar el cumplimiento de la condena en el lugar más cercano a la residencia o a su principal centro de intereses sociales y familiares.
- Ser sensibles a la problemática de los familiares de las personas privadas de libertad: evitar la dispersión, facilitar el contacto… y recordar que ellos no han sido sentenciados.
- Se reivindica una especial atención y el desarrollo de cuantas medidas y políticas sean necesarias para abordar problemáticas graves asociadas a determinados grupos de población penitenciaria:
- Abordar de forma integral la preocupante problemática de la enfermedad mental en prisión: habilitar espacios más adecuados fuera de la prisión, desarrollar tratamientos que trasciendan la mera medicalización, poner en marcha programas y formar a profesionales que permitan superar la cronificación de la enfermedad mental. Es imprescindible entender que la cárcel no debe ser el espacio al que quede “condenada” una enfermedad mental deficientemente tratada.
- Entender y atender la especificidad de la mujer dentro de la prisión. Ser especialmente sensibles con realidades como la maternidad: permanencia de la madre con su hijo, habilitar más módulos de madres que eviten la dispersión, priorizar las medidas alternativas.
- Respetar la identidad transexual y sus derechos fundamentales como persona. Mostrar sensibilidad con las circunstancias particulares de estas personas: tratamiento conforme al género sentido o deseado, por parte del personal, a nivel administrativo y de internamiento en el módulo que por género deseado le corresponda. Facilitar el apoyo médico y psicológico para continuar con el tratamiento hormonal que posibilite el tránsito.
Las personas y asociaciones firmantes de este manifiesto nos comprometemos en esta tarea a trasladar estas reivindicaciones a la sociedad en general".
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